La ilusión que despertó en el sector taurino colombiano la aparición de un proyecto de decreto para aliviar las restricciones vigentes se desvaneció en menos de veinticuatro horas. A través de un comunicado oficial emitido el 20 de noviembre en Bogotá, la Presidencia de la República dio marcha atrás de manera contundente y confirmó el retiro definitivo del documento que apenas un día antes había sido puesto a consideración ciudadana, dejando sin efecto la vía reglamentaria que parecía abrirse para el desarrollo de los festejos.
En la nota difundida por el Ejecutivo, la administración nacional se desmarca por completo del contenido del texto y atribuye su divulgación a una falla de trámite interno. Según la explicación oficial, el borrador publicado para recibir comentarios ciudadanos no responde a una determinación del Gobierno ni a una directriz girada por el presidente Abelardo De La Espriella. La Presidencia precisó que el documento salió a la luz de forma prematura, antes de agotar las revisiones y coordinaciones institucionales necesarias, motivo por el cual fue bajado de la plataforma y no continuará su curso administrativo.
Más allá del argumento procedimental, el pronunciamiento fija una posición política inflexible frente al porvenir de la tauromaquia en suelo colombiano. El Ejecutivo dejó asentado que la protección y el bienestar animal constituyen compromisos centrales de su gestión, advirtiendo de forma expresa que el respeto hacia las tradiciones no puede situarse por encima de la salvaguarda de los animales. Para despejar cualquier especulación sobre un eventual cambio de rumbo en favor de la Fiesta Brava, el comunicado sentenció de manera categórica que no existe ninguna decisión presidencial destinada a revivir las corridas de toros y que las acciones oficiales seguirán enfocadas en fortalecer la protección animal en todo el país.
El texto ahora archivado intervenía diez artículos de la reglamentación actual y había generado una notable expectativa entre toreros, ganaderos, profesionales y aficionados, quienes incluso habían comenzado a organizar una participación masiva en la consulta pública. El entusiasmo radicaba en que el borrador planteaba un margen de alivio sustancial frente a las limitaciones que rigen durante el periodo de transición estipulado por la Ley 2385 de 2024, conocida popularmente como "No Más Olé", normativa que fijó el mes de julio de 2027 como fecha límite para la prohibición definitiva de los espectáculos taurinos en Colombia.
Con esta rectificación fulminante, el Gobierno Nacional cancela de raíz el respiro normativo que se había vislumbrado y deja completamente intacto el marco restrictivo vigente. El golpe supone un duro revés para la estructura taurina del país, que ve cerrarse la ventana reglamentaria de inmediato y queda nuevamente sujeta al calendario estricto que avanza hacia 2027 sin señales de flexibilización desde el poder ejecutivo.


