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El debate político en torno al futuro de la tauromaquia ha vuelto a situarse en el primer plano de la actualidad institucional. El ministro de Cultura y dirigente de Sumar, Ernest Urtasun, ha anunciado públicamente su intención de dar un paso más en su política de oposición al sector taurino, comprometiéndose a impulsar la derogación de la Ley 18/2013 —normativa que reconoce y protege la tauromaquia como patrimonio cultural de España— de cara a la próxima legislatura.
Las declaraciones, difundidas a través de un vídeo en su perfil de Instagram, suponen una respuesta directa al reciente anuncio del Partido Popular, que se ha comprometido a reinstaurar el Premio Nacional de Tauromaquia si alcanza el Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
«Después de eliminar el premio, en la próxima legislatura vamos a dar un paso más, vamos a derogar la ley del 2013 que blinda la tauromaquia como patrimonio cultural, porque en España ya no cabe la tortura animal», ha señalado Urtasun con rotundidad.
Un salto cualitativo en la ofensiva institucional
Este anuncio representa un cambio de escala respecto a las medidas adoptadas por el Ministerio de Cultura en los últimos años, periodo en el que ya se registraron episodios de tensión como la exclusión inicial de los toros del Bono Cultural Joven —medida posteriormente revocada por el Tribunal Supremo en 2023— y la supresión formal del Premio Nacional de Tauromaquia en 2024, dotado con 30.000 euros. Ahora, la hoja de ruta planteada por Urtasun apunta directamente al marco legal que ampara el blindaje cultural de la Fiesta a nivel estatal.
Cabe recordar que la formación de Urtasun ya intentó vías similares en el plano parlamentario. En octubre de 2025, Sumar respaldó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) denominada «No Es Mi Cultura», cuyo propósito era precisamente tumbar la ley de 2013. Aquella iniciativa fue rechazada en el Congreso de los Diputados tras cosechar 57 votos a favor, 169 en contra y 118 abstenciones, siendo determinante la abstención del Grupo Socialista para frenar su tramitación y evidenciar las discrepancias internas dentro del Ejecutivo de coalición sobre esta materia.
Alcance jurídico y confrontación política
La Ley 18/2013 consagra la obligación de los poderes públicos de garantizar la conservación y promoción de la tauromaquia como parte inalienable del patrimonio cultural español. En términos estrictamente jurídicos, su eventual derogación eliminaría este reconocimiento institucional específico a nivel estatal, si bien los expertos señalan que no comportaría de manera automática la prohibición de los festejos taurinos, cuya competencia regulatoria se entrelaza con las normativas autonómicas y locales.
Con este movimiento, Urtasun eleva la confrontación ideológica y electoral ante los comicios del 29 de noviembre, contraponiendo su rechazo frontal a la tauromaquia frente a las propuestas de los sectores conservadores que abogan por su fomento, protección y normalización institucional.
