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El fantasma de la inminente abolición taurina en Colombia, que materializará su apagón definitivo a principios de 2027, debe servir como una severa señal de alarma para el marco jurídico español. Bajo esta contundente premisa, el magistrado del Tribunal Constitucional, Enrique Arnaldo Alcubilla, desgranó los cimientos legales que sostienen la lidia durante su comparecencia en el ciclo sevillano «Justicia para el toreo», apelando al derecho inalienable a la libertad como el gran muro de contención frente a cualquier tentación política de corte prohibicionista.
Lejos de amparar el futuro del espectáculo únicamente en normativas sectoriales, el jurista ancló la defensa de la tauromaquia directamente en el artículo 1 de la Carta Magna española. Para Arnaldo, el debate sobre la supervivencia del toreo debe pivotar sobre el valor supremo de la libertad en todas sus vertientes: desde la creación artística y la conservación del patrimonio (artículos 44 y 46), hasta la propia libertad de empresa (artículo 38). En este sentido, recalcó que la dimensión cultural del toreo es una realidad orgánica y preexistente; la ley, simplemente, se limita a reconocerla, no a inventarla.
Consciente de que las mayorías parlamentarias son volubles y de que «el legislador no es una roca», el magistrado del TC dejó claro que estaría dispuesto a dar la batalla doctrinal si un futuro Parlamento español decidiera ilegalizar la tauromaquia y el choque acabara en las altas instancias jurisdiccionales. Su tesis, adelantó ante el foro de juristas, se sostendría en una estricta ponderación de derechos para blindar a las minorías culturales frente a la imposición ideológica de la mayoría.
Para ilustrar este pulso entre política y derechos fundamentales, Arnaldo diseccionó el proceso judicial y legislativo que ha sentenciado a muerte los ruedos en Colombia. El magistrado recordó el primer asalto protagonizado por Gustavo Petro durante su etapa como alcalde de Bogotá, cuando intentó erradicar la lidia mediante una consulta popular. Aquella ofensiva fue tumbada por el Consejo de Estado colombiano con una resolución histórica que el ponente español calificó de «musical, como un pasodoble». Aquel fallo determinó que un Estado verdaderamente liberal y democrático debe ser neutral, tolerante con la diversidad y garante de las minorías, impidiendo que las urnas se utilicen como arma para aplastar el patrimonio cultural de una parte de la sociedad.
Sin embargo, la victoria jurídica en los tribunales terminó sucumbiendo ante el rodillo legislativo. Ya desde la presidencia de la República, Petro logró sacar adelante la controvertida Ley No Más Olé. En esta ocasión, la Corte Constitucional colombiana dio luz verde al veto, avalando que el Parlamento tiene plena soberanía para retirar el paraguas de protección a la lidia. Un desenlace que, según advirtió Arnaldo, convertirá casi con toda seguridad a la Feria de Manizales de 2027 en el último festejo mayor del país sudamericano, dejando una lección insoslayable sobre los peligros que acechan a la tauromaquia cuando queda a merced de la política.
